El pasado sábado, 10 de noviembre de 2018, ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley que regula que el pago del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) recae en los bancos y no en los clientes. Este Real Decreto-Ley cambia la normativa que se venía aplicando desde 1993.
Asimismo, este Decreto-Ley, se estipula que las entidades no se lo podrán deducir en el Impuesto de Sociedades a partir de 1 de enero de 2019. Con respecto a las hipotecas que concedan a la Iglesia, al Estado o a los partidos políticos los bancos no tendrán que pagar el impuesto de AJD.
Por lo tanto, desde ahora en adelante todas las hipotecas deberán establecer que el impuesto de AJD será asumido por las entidades bancarias. Aun así, las entidades bancarias continúan cargando el impuesto de AJD a aquellos clientes que hubieran pactado, pero no firmado, la hipoteca con anterioridad a la entrada de este Decreto-Ley, todo ello basado en el hecho de que el contrato “se negoció en el marco fijado por el Tribunal Supremo a la fecha de la presente escritura”. Pese a esto, los notarios informarán diligentemente a las partes implicadas en la firma de una hipoteca de que, desde ahora, son las entidades las que deben pagar el impuesto de AJD.
¿Y ahora qué?
Ahora surge la duda de si, debido a este Decreto-Ley las entidades bancarias procederán a encarecer sus hipotecas. A este respecto, la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha advertido de que no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el AJD. Pero, eso sí, puede que esta circunstancia haga variar a los bancos sus estipulaciones ya que, si los tipos de interés varían, tendrán que adaptarse a ellos.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha declarado que realizarán una vigilancia y seguimiento del mercado hipotecario, asegurando que no se va a permitir bajo ningún concepto que se produzcan las referidas conductas coordinadas, es decir, acuerdos entre operadores del mercado, o recomendaciones colectivas.
Además, Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, ha asegurado que se creará una autoridad en defensa de los derechos de los clientes, llamada Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera (Anesfi), para evitar que los bancos trasladen este sobre coste del AJD en las futuras hipotecas mediante cambios generalizados en las condiciones de las hipotecas. Este organismo procurará impedir una subida generalizada de comisiones de apertura en las hipotecas debido a este cambio normativo. Lo que parece más complicado de controlar es que las entidades jueguen con los tipos de interés, ya que pueden alegar razones como la competencia o los márgenes.
